Reforma a la Ley de Amparo: El "escudo" para proteger los derechos ciudadanos evitando que sea "refugio" para la impunidad.
- Pulso Saludable
- 19 sept
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Por: Por Liliana Noble Alemán
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Las leyes buscan traducir los principios constitucionales en reglas procesales claras, con el fin de garantizar una justicia pronta, expedita y moderna, fortalecer el juicio de amparo y proteger el orden público y el interés social.
CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo legal presentaron esta mañana, durante la conferencia de prensa "Las Mañaneras del Pueblo", una serie de reformas a la Ley de Amparo, con el objetivo de modernizar la justicia en México. Estas iniciativas ya se encuentran en el Senado para su discusión.
Las reformas buscan traducir los principios constitucionales en reglas claras, garantizando una justicia pronta y expedita, fortaleciendo el juicio de amparo y protegiendo el orden público y el interés social.
Un acto de justicia social
Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, destacó que la reforma constitucional en materia judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, es un acto de justicia social. El paquete de reformas busca armonizar diversas leyes clave, entre ellas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, de manera sustancial, la Ley de Amparo.
Ejes de la Reforma
Justicia pronta y expedita
Se establecen plazos procesales máximos para la resolución de juicios: seis meses para casos fiscales y cuatro meses para delitos con pena menor a dos años. Para penas mayores, el plazo máximo será de un año.
Modernización y justicia digital
Se incorporan herramientas tecnológicas como notificaciones y juicios digitales para agilizar los procesos. El juicio de amparo digital tendrá plena validez legal, sin eliminar la opción presencial.
Fortalecimiento del amparo
La reforma busca simplificar el amparo para que sea un "escudo" efectivo para los derechos ciudadanos, pero no un "refugio" para la impunidad. La ejecución de sentencias será más clara, obligando a los jueces a especificar quién debe cumplirlas y cómo.
Protección del interés social y la economía
Uno de los puntos clave de la reforma es la protección de la economía nacional y el sistema financiero. Se introducen criterios para la concesión de suspensiones de actos de autoridad, evitando que se concedan si afectan el sistema financiero o la economía.
En casos de congelamiento de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la reforma obliga a los jueces a dejar los recursos necesarios para cubrir obligaciones laborales, fiscales, alimentarias y de subsistencia. Esto, según Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de política y gobierno, busca evitar el abuso del amparo que ha permitido liberar fondos ilícitos, dañando el sistema financiero y la lucha contra el crimen.
Ajustes en otras leyes
Código Nacional de Procedimientos Penales: Se establece un plazo común de cinco días para actuaciones procesales no especificadas. Se actualiza el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para alinearlo con el Artículo 19 constitucional. Además, se incluyen medidas para proteger la seguridad e identidad de jueces en casos de delincuencia organizada.
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: Se fija un plazo máximo de seis meses para la resolución de juicios fiscales en la vía sumaria.
Código Fiscal y otras leyes: Se modifican para ser coherentes con los cambios en la Ley de Amparo. La suspensión de actos de cobro solo se concederá si se otorga una garantía suficiente (fianza, depósito o carta de crédito) que proteja el interés fiscal.
Un amparo más efectivo y justo
Zaldívar señaló que la iniciativa no restringe el acceso al amparo, sino que lo moderniza y lo hace más eficiente. Argumentó que la reforma equilibra la defensa de los derechos individuales con la protección del interés social y la lucha contra la delincuencia organizada.
El exministro también enfatizó que la iniciativa aclara el concepto de interés legítimo, basándose en la jurisprudencia de la Suprema Corte, para facilitar su aplicación tanto para jueces como para ciudadanos. "No hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos", afirmó, "sino una evolución para hacerla más efectiva y justa para todos".
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