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Capacitación a cargadores en desalojos en la Ciudad de México: el nuevo esquema institucional impulsado

hace 11 minutos
3 min de lectura

Por: Liliana Noble Alemán

sobre la autora| Reportera con 20 años de experiencia en salud, medioambiente, tecnología e información general. Mención Honorífica Premio Nacional de Periodismo en Salud.


Las dependencias locales impulsan cursos de formación en derechos humanos y un registro de auxiliares judiciales para diligencias en la capital.
Las dependencias locales impulsan cursos de formación en derechos humanos y un registro de auxiliares judiciales para diligencias en la capital.

CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE OCTUBRE DE 2026. La administración pública local ha puesto en marcha una serie de precisiones operativas respecto a las intervenciones en procedimientos de desocupación de inmuebles ejecutados por el Poder Judicial. En el marco de las reformas propuestas en la legislación de la capital, se ha determinado establecer mecanismos normativos que ordenen el perfil de las personas que auxilian en estas diligencias, evitando invadir las competencias exclusivas de la legislación federal en materia procesal civil.


El planteamiento central de esta iniciativa institucional contempla la capacitación a cargadores en desalojos en la Ciudad de México para garantizar que todo procedimiento ejecutado por mandato judicial se realice bajo mecanismos rigurosos de protección a las personas. A través de este esquema, se busca que el personal involucrado en las maniobras físicas cuente con conocimientos actualizados sobre la atención a sectores en situación de vulnerabilidad, respetando el debido proceso sin alterar las competencias asignadas a los jueces y actuarios.


Con el objetivo de consolidar la capacitación a cargadores en desalojos en la Ciudad de México, las autoridades competentes han señalado que se habilitará un padrón oficial que servirá como catálogo de contratación obligatoria mediante convenios interinstitucionales. La medida responde a las limitaciones técnicas del ámbito local frente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual rige de forma general el actuar del personal auxiliar a nivel federal, por lo que el gobierno capitalino optó por utilizar la vía reglamentaria y los acuerdos con el Tribunal Superior de Justicia para asegurar el cumplimiento del perfil requerido.


¿Qué establece el artículo 50 sobre la capacitación a cargadores en desalojos en la Ciudad de México?

El marco legal normativo en su artículo 50 determina que el Gabinete gubernamental será la instancia encargada de estructurar y ofrecer de manera formal los cursos formativos dirigidos al personal auxiliar. Esta disposición legal busca elevar los estándares operativos durante la ejecución de mandatos emanados del órgano jurisdiccional, priorizando el resguardo de la integridad de los involucrados.


Al respecto, la titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas, puntualizó el alcance de dicha disposición legal: “ofrecerá cursos de capacitación a las personas que son auxiliares en este tipo de situaciones que ejecuta el Poder Judicial”.


Asimismo, la funcionaria detalló que el propósito de implementar este tipo de formación especializada consiste en “generar mecanismos con altos estándares de derechos humanos y cuidado de las personas en situaciones de vulnerabilidad”, alineando la actuación local con los principios de respeto fundamental durante las ejecuciones dictadas por los tribunales.


¿Por qué la regulación local no prohíbe directamente la participación de cargadores no capacitados?

La regulación del procedimiento y la definición de las partes o auxiliares que intervienen en los juicios civiles forma parte de las facultades reservadas al Congreso de la Unión mediante el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Por este motivo, la legislación local de la Ciudad de México se abstuvo de modificar el régimen sustantivo de ejecución para evitar incurrir en una invasión de esferas competenciales federales.


Eréndira Cruz Villegas precisó las fronteras constitucionales que delimitan la propuesta normativa: “no podemos tampoco sobrepasar lo que establece el Código Nacional Civil, que es quien define el tema de los cargadores”, destacando que la iniciativa local se enfoca exclusivamente en las facultades de capacitación, registro y coordinación institucional.


¿Cómo funcionará el padrón oficial de cargadores aprobados para diligencias?

El modelo operativo diseñado por las autoridades locales contempla la creación de un registro coordinado directamente con el Poder Judicial de la Ciudad de México. A través de este padrón, el tribunal establecerá los lineamientos necesarios para que únicamente se requiera la contratación de personal que haya completado satisfactoriamente los módulos de formación e instrucción institucional.


La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, explicó que, mientras se gestionan o debaten eventuales adecuaciones a la norma federal, el gobierno de la ciudad avanzará mediante la firma de acuerdos con el tribunal para que los juzgadores remitan sus requerimientos únicamente al listado de trabajadores registrados y evaluados formalmente por la autoridad administrativa.


Con este marco de acción, el gobierno de la Ciudad de México busca asegurar que las intervenciones físicas derivadas de controversias de arrendamiento o posesión se desarrollen dentro de un cauce institucional, técnico y con estricto apego a las garantías individuales dictadas por la norma vigente.

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