Nueva Ley de Arrendamiento e Inquilinato en la Ciudad de México: Claves del Proyecto Enviado al Congreso
Por: Liliana Noble Alemán
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CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE OCTUBRE DE 2026. El Gobierno de la Ciudad de México formalizó la presentación ante el Congreso local de la iniciativa marco destinada a ordenar el mercado inmobiliario habitacional. En la presentación oficial de los ejes de trabajo, las autoridades locales explicaron que el instrumento legal busca consolidar esquemas de certidumbre contractual en beneficio de los dos millones de habitantes que viven bajo la modalidad de alquiler en la capital del país.
La propuesta normativa establece un marco claro de actualización anual que busca proteger la economía popular. De esta manera, la Ley de Arrendamiento Inquilinario regula aumentos de rentas en la CDMX al fijar que los incrementos contractuales no podrán rebasar la tasa general de inflación registrada por los indicadores oficiales, asegurando reglas operativas estables en todas las alcaldías.
Dentro de los objetivos centrales se encuentra evitar distorsiones económicas severas en las colonias con mayor presión de demanda. Por ello, la Ley de Arrendamiento Inquilinario regula aumentos de rentas en la CDMX mediante la limitación a una sola garantía de cumplimiento para acceder a una vivienda, eliminando las sobreexigencias de depósitos múltiples, fiadores con bienes inmuebles o pólizas jurídicas costosas que anteriormente obstaculizaban el acceso habitacional.
¿Cómo funcionará la nueva regulación de contratos de arrendamiento en la CDMX?
Durante la conferencia, Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, detalló los indicadores sociales que fundamentan la iniciativa. Destacó que alrededor de 813,000 viviendas están en régimen de alquiler formal y que existen más de 153,000 familias bajo esquemas prestados o en condiciones temporales. El funcionario explicó que los costos del mercado en diversas zonas promedian entre 16,600 y 24,000 pesos, montos que exceden el tope máximo de aportación recomendado del 30% del ingreso familiar.
Muñoz Santini subrayó el objetivo de balancear la dinámica inmobiliaria señalando que “queremos un mercado de renta, amplio y dinámico, que abra oportunidades para la economía local y la prosperidad compartida y que al mismo tiempo tenga plena certeza jurídica sea asequible y equilibrado”. Asimismo, adelantó que la meta gubernamental proyecta 200,000 acciones de vivienda hacia el año 2030, divididas en 80,000 unidades nuevas y 120,000 procesos de mejoramiento integral.
¿Qué atribuciones tendrá la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias de la CDMX?
Por su parte, la Dra. Eréndira La Cruz Villegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, expuso la estructura operativa del nuevo órgano especializado que quedará inserto dentro de la Procuraduría Social. La dependencia ofrecerá servicios gratuitos de mediación, asesoría y patrocinio legal especializado para prevenir conflictos litigiosos prolongados.
La Consejera Jurídica precisó que este organismo mantendrá un mandato imparcial enfocado en la solución pacífica de desacuerdos. Al respecto, destacó que se creará la defensoría “para promover el cumplimiento a las obligaciones de las personas que arriendan y son arrendatarias que permite tener estas relaciones con un equilibrio mutuamente benéfico”. Esta entidad operará bajo siete principios rectores fundamentales: calidad en el servicio, estricta confidencialidad, eficacia operativa, honradez, profesionalismo, transparencia institucional y gratuidad total.
¿Cómo se ejecutará el protocolo de acompañamiento institucional ante desalojos?
El Mtro. Enrique Irazoqui Palazuelos Tario, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, presentó las pautas del protocolo de actuación ante órdenes judiciales de desocupación inmueble. Se creará un Gabinete de Acompañamiento Social coordinado por la Secretaría de Gobierno e integrado por la Consejería Jurídica, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, el DIF, el C5, PAOT y la propia Defensoría Inquilinaria, contando con la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia como invitados permanentes.
El secretario enfatizó la relevancia de humanizar las diligencias judiciales sin interferir en los mandatos de los juzgados, haciendo hincapié en que se otorgará capacitación especializada en derechos humanos e igualdad sustantiva a las cuadrillas de traslado y resguardo. El Mtro. Enrique Irazoqui Palazuelos Tario remarcó la importancia de la actuación institucional declarando que “no queremos desalojos violentos, no queremos violaciones a los derechos humanos, no queremos familias en situación de vulnerabilidad desprotegidas”. El esquema brindará apoyo especial en traslado y almacenamiento temporal de bienes a grupos de atención prioritaria.
Inclusión del concepto normativo de gentrificación y perspectiva juvenil
En su intervención, el Mtro. presidiendo la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, resaltó que el texto normativo incorpora formalmente por primera vez la definición de gentrificación dentro del marco legal capitalino. Se define como un proceso socioespacial de exclusión donde poblaciones de menores ingresos y comercios tradicionales son desplazados por incrementos en el costo de vida y cambios en las dinámicas comerciales.
A su vez, el Pablo Yanes Rizo, titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, ponderó el impacto de la medida sobre la población joven. Destacó que las estadísticas muestran que la mayoría de los arrendatarios son personas menores de 40 años, mientras que la propiedad concentrada se ubica predominantemente en grupos de mayor edad, por lo que la estabilidad en los alquileres constituye una política central de bienestar social.
Principales aspectos de la iniciativa presentados por las autoridades capitalinas
Tope a los incrementos anuales: Prohibición de aumentos superiores al índice de inflación general acumulado.
Límite a las garantías exigibles: Permitir únicamente un depósito en garantía para la formalización del contrato.
Carta de derechos y no discriminación: Protección explícita para evitar exclusiones por origen étnico, género, orientación sexual, infancia o tenencia de animales de compañía.
Creación de la Defensoría Inquilinaria: Órgano especializado de asesoría, conciliación y representación legal gratuita.
Duración y registro digital: Contratos con plazo mínimo de un año e inscripción en un registro público digital protegido.
Ampliación de la oferta pública: Fomento a la construcción de vivienda pública en renta e incentivos para arrendamiento multianual.
Gabinete de acompañamiento y observatorio: Asistencia humanitaria durante diligencias judiciales y creación de un Observatorio Público de Vivienda.
El expediente normativo pasará a fase de análisis y dictaminación en el Congreso de la Ciudad de México, donde se prevé la apertura de mesas de parlamento abierto para escuchar las propuestas de diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito inmobiliario.
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