¡Se acabó el negocio! El Gobierno de México recupera el agua y exhibe red de corrupción de empresarios y políticos
- 23 mar
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Por: Liliana Noble Alemán
@pulsosaludable
CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE MARZO 2026. En una reveladora jornada durante la "Mañanera del Pueblo", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso fin a décadas de opacidad en el manejo de los recursos hídricos. La mandataria expuso cómo la nueva Ley de Aguas frena la especulación de concesiones, eliminando las prácticas heredadas de 1992 que permitían tratar este recurso vital como una simple mercancía. Este cambio estructural busca garantizar que el líquido se destine al bien común y no al enriquecimiento ilícito de particulares.
“La nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua”, enfatizó
Bajo la nueva normativa, la Ley de Aguas frena la especulación de concesiones al prohibir la transmisión de derechos entre particulares, una práctica que en estados como Zacatecas permitió que una sola familia multiplicara sus títulos de 7 a 50, generando ganancias por 54 millones de pesos. El titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, detalló que antes se otorgaban permisos en zonas sobreexplotadas solo para ser vendidos al mejor postor, un mercado negro que hoy queda desarticulado.
“Y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua y vamos a cerrar el día de hoy entregando por primera vez, esto es histórico, los derechos de explotación de agua a los municipios de Baja California. Tenían que pagarle a un Distrito de Riego que ya prácticamente no sembraba nada, el agua, la ciudad de Tijuana, Mexicali. Entonces el Distrito de Riego, que supuestamente tiene agua gratuita para sembrar para la alimentación, pues ya sembraba poco, pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
Gracias a que la Ley de Aguas frena la especulación de concesiones, se han detectado y sancionado casos críticos como el de la familia Calzada en Querétaro, quienes utilizaban títulos agrícolas gratuitos para llenar pipas y regar campos de golf. Ante este escenario, la autoridad ahora cuenta con la facultad de aplicar multas de hasta 3.5 millones de pesos, pues queda claro que “el agua es un derecho humano” y no un objeto de lucro. Estas acciones han permitido identificar un adeudo empresarial que ronda los 12,000 millones de pesos por falta de pagos y mediciones reales.
La ofensiva contra la corrupción también alcanzó a grandes corporativos. Morales López informó sobre una famosa refresquera con 18 títulos sin pago y una embotelladora que operaba sin medidores en zona federal. La respuesta del Estado ha sido contundente: se han realizado más de 7,600 inspecciones y se han recuperado 3,500 millones de pesos extra en recaudación durante 2025. El funcionario enfatizó que se busca “ampliar y fortalecer la cobertura” para quienes realmente necesitan el recurso, logrando ya concluir miles de trámites para pequeños productores.
En el norte del país, el impacto es tangible. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, celebró que municipios como Tijuana y Mexicali dejen de pagar millones a intermediarios privados. Acompañada por Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de CONAGUA, se formalizó la entrega de títulos directamente a los ayuntamientos. Con estas medidas, el dinero de los derechos de agua se queda en el estado para obra pública, logrando así “que el agua no se destine a unos cuantos”, sino al desarrollo de la infraestructura social.
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