Presidenta Sheinbaum presenta “Decreto de Facilidades Administrativas” para la regularización de concesiones de agua
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Actualizado: hace 3 días
Por: Liliana Noble Alemán
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CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Esta mañana en conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Ejecutivo presentó el decreto de “Facilidades Administrativas” para concesiones de agua que facilite la regularización de concesiones del agua vencidas como medida clave dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-20230, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho humano al agua y promover la justicia en su acceso, especialmente pequeños y media nos productores y pecuarios
“poner en orden los títulos de concesión”, señaló
En su oportunidad Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, detalló que este tipo de decretos en materia de facilidades administrativas además de beneficiar a concesionarios es de utilidad para la generación de prosperidad compartida especialmente para pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios
Así mismo señaló que durante el periodo neoliberal (específicamente en la década de 1990), se otorgaron más de 360.000 concesiones de agua, muchas de ellas con vigencia de 10 a 30 años, lo que generó un mercado especulativo y acaparamiento del recurso. Actualmente, existen más de 536.000 concesiones, de las cuales 163.000 están vigentes; sin embargo, un gran número de usuarios no realizaron los trámites de prórroga en los tiempos establecidos debido a falta de información, complicaciones administrativas o impactos como la pandemia de COVID-19.
La falta de concesiones vigentes afecta especialmente a pequeños y medianos productores, quienes no pueden acceder a créditos, subsidios o programas federales (como tarifas preferenciales de energía para riego, que representan entre el 40% y el 95% de sus gastos operativos) y carecen de certeza jurídica para aprovechar el agua de manera regularizada.
Por ello, es al facilitar los trámites administrativos para regularizaciones y concesiones vencidas, se buscará que los productores y municipios al obtener certeza jurídica en el uso del agua accedan a beneficios económicos (subsidios, créditos) y tarifas preferenciales de energía
Cabe destacar que el decreto está dirigido a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios con concesiones vencidas que cuenten con volúmenes de hasta 500,000 m³ así como a municipios que no hayan realizado trámites de prórroga para concesiones de uso público urbano (más de 13,000 casos identificados), usuarios que cumplan con los requisitos establecidos y no estén excluidos por causas como revocación de concesiones o procesos legales pendientes.
Requisitos para la Regularización
Solicitud de adhesión al decreto: Manifestación por escrito libre donde se declare propiedad o posesión del predio donde se ubican las obras de aprovechamiento de agua. No transmisión del dominio del predio o concesión. Cumplimiento de obligaciones legales. Consentimiento para notificaciones electrónicas.
Documentación: Copia del título de concesión vencido.
Identificación oficial vigente.
Para personas morales, acta constitutiva y poder notarial del representante legal. RFC o CURP. Comprobante de pago de derechos y multas administrativas en caso de aplicar
Quienes no podrán acogerse al decreto:
Concesiones extintas o revocadas por causas imputables al titular.
Concesiones en proceso de transmisión de derechos.
Renuncias expresas o medios de impugnación pendientes
La vigencia y el proceso de regularización serán de 3 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta la fecha de hoy (4 de septiembre de 2025)
Finalmente, destacó que este decreto representa un avance significativo para el sector agrícola mexicano al limitar la proliferación del mercado negro de concesiones. De este modo, se facilita que los productores accedan al Programa Nacional de Tecnificación de Riego, orientado a optimizar el uso del agua en más de 200.000 hectáreas y a fortalecer la soberanía alimentaria.
Este decreto es una herramienta clave para corregir las distorsiones generadas por el modelo neoliberal en la gestión del agua. Al priorizar a pequeños y medianos productores, no solo se les brinda certeza jurídica, sino que se contribuye a la justicia hídrica y al desarrollo rural sostenible.