Presidenta firma decreto de transparencia gubernamental y derecho de las audiencias
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Por: Liliana Noble Alemán
CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE AGOSTO 2026. Basados en el derecho de las audiencias, así como en el derecho gubernamental contenidos en el Artículo 6° Constitucional, el gobierno declaró que el objetivo es eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos para la transparencia gubernamental y los lineamientos para el derecho de las audiencias, ambos basados en el Artículo 6° Constitucional.
Por ello, el gobierno federal, buscando promover con transparencia la verdad, detalló a través de Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, que al eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos para reservar información y establecer reglas claras sobre qué debe ser público.
Transparencia gubernamental y derecho a la información
El decreto busca fortalecer la máxima publicidad con acciones concretas en el portal de transparencia:
Contrataciones públicas: Se publicarán de forma mensual (anteriormente era trimestral) para mantener la información permanentemente actualizada.
Información de Pemex y CFE: Se agregarán informes financieros, de gobierno corporativo y contratos de estas empresas.
Fiscalización y auditoría: Se harán públicos datos sobre el programa de fiscalización, el estatus de auditorías y el padrón de auditores externos designados.
Al concluir su participación, Buenrostro Sánchez anunció que la información se concentrará en la plataforma de transparencia y se establecerán lineamientos específicos para las reservas de información, acotándolas a lo que realmente sea de interés público o seguridad nacional, para evitar que quede sujeto a la discreción de cada funcionario.
Derechos de las audiencias y lineamientos para medios
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que estos lineamientos, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), buscan proteger a las audiencias ante la desinformación y la manipulación en medios de comunicación. Actualmente están en consulta pública y no se han publicado oficialmente.
Los puntos principales son:
Diferenciación clara de contenidos: Se obliga a los medios a distinguir entre información noticiosa, opinión y publicidad mediante mecanismos como placas, cortinillas o menciones verbales.
Código de Ética obligatorio: Cada medio debe tener un código público que establezca normas sobre la veracidad de la información y los criterios editoriales.
Defensor de las Audiencias: Cada concesionaria debe nombrar a una persona encargada de recibir quejas de la ciudadanía. La autoridad intervendría solo si el medio incumple con nombrar a este defensor o no establece un mecanismo de quejas, pero no para determinar qué información es verdadera o falsa.
Nota editorial: El gobierno enfatizó que estos lineamientos no buscan censurar, sino garantizar el derecho constitucional a recibir información plural y veraz. Sin embargo, han generado controversia. Analistas señalan que, aunque el fin parece legítimo, el cambio de un regulador autónomo (el extinto IFT) a uno dependiente del Ejecutivo Federal genera desconfianza y el riesgo de un "efecto disuasorio" que podría inhibir la crítica a través de sanciones e interpretaciones subjetivas.
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