El cambio en las compras públicas que logró un ahorro histórico en México
Por: Liliana Noble Alemán
sobre la autora| Reportera con 20 años de experiencia en salud, medioambiente, tecnología e información general. Mención Honorífica Premio Nacional de Periodismo en Salud. |
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CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE SEPTIEMBRE, 2026. La fiscalización preventiva en el sector público ha generado una importante optimización de los recursos gubernamentales. Durante la presentación de resultados institucionales, en la "Mañanera del Pueblo" la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló las acciones de monitoreo y supervisión coordinada con las distintas dependencias federales para fortalecer la confianza en las instituciones.
A través de la supervisión constante y el diálogo directo con proveedores, la dependencia logró ahorros por anticorrupción cercanos a los 84 mil millones de pesos. Estas cifras responden a la renegociación de contratos de obras públicas, la reestructuración de la administración federal y el seguimiento oportuno a las sanciones administrativas dictaminadas.
¿Cómo se lograron los ahorros por anticorrupción en las compras públicas?
El mecanismo de prevención priorizó la modificación de las estrategias de adquisición dentro del marco legal, abriendo mesas de diálogo abiertas para evitar sesgos en las licitaciones. La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que en las compras de equipo médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se obtuvo una reducción substancial de costos: “Logramos ahorros, una compra de los equipos: 46 por ciento menor, pero con la tecnología de vanguardia”.
Impacto de los ahorros por sector
Estrategias de compras públicas: 29 mil millones de pesos ahorrados mediante la eliminación de barreras de entrada a proveedores.
Seguimiento a contratos de obra pública: 42 mil millones de pesos al evitar sobrecostos e inconsistencias en las estimaciones.
Reorganización de la estructura gubernamental: 7 mil 800 millones de pesos recuperados tras la compactación institucional instrumentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Cobro de multas y sanciones: 4 mil 800 millones de pesos obtenidos de servidores públicos y proveedores sancionados.
¿Qué cambios benefician a las Mipymes y cooperativas en el gobierno?
Las reformas a la Ley de Adquisiciones establecieron reglas diferenciadas para permitir la participación directa de pequeños productores y cooperativas en las contrataciones del Estado. Este esquema eliminó intermediarios en sectores clave como el alimentario, textil y de servicios generales.
Dentro del sector agroindustrial, diez cooperativas de las regiones de Chiapas, Puebla y Oaxaca integraron un Acuerdo Marco para abastecer de café a 66 instituciones gubernamentales. Asimismo, la adquisición de insumos textiles se orientó a pequeños fabricantes, mientras que en el sector de limpieza se constituyeron cinco cooperativas que integran a más de 600 trabajadores en esquemas de propiedad conjunta.
¿Cuál es el impacto en la industria nacional y el acero?
El fortalecimiento de la producción interna se alineó con las normativas para priorizar el insumo nacional en proyectos de infraestructura hidráulica y urbana. La actualización de requerimientos técnicos permitió reemplazar insumos tradicionales por materiales de mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.
En los proyectos desarrollados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la integración del acero de fabricación nacional sustituyó al hierro dúctil, optimizando el presupuesto destinado a acueductos y prolongando la vida útil de las obras públicas.
¿Cómo operan las sanciones administrativas y las denuncias penales?
En el periodo evaluado, se dictaminaron sanciones a 4 mil 193 servidores públicos por faltas que van desde pagos indebidos hasta ocultamiento de patrimonio. Un total de mil 737 expedientes catalogados como faltas graves fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
Paralelamente, se entablaron 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y fraude. Respecto al sector privado, 286 empresas e individuos recibieron inhabilitaciones o multas económicas tras detectarse simulación de competencia o presentación de documentación falsa.
El combate a la impunidad incluye expedientes de administraciones pasadas, como la inhabilitación de exfuncionarios de la antigua Policía Federal por la presunta simulación de un contrato de inteligencia. “Se emitieron ya sanciones de 15 y 20 años de inhabilitación al extitular de la División de Inteligencia y a la exsecretaria general de la Policía Federal”, puntualizó la titular de la dependencia.
¿Qué resultados arroja el nuevo modelo de transparencia?
Tras asumir la gestión de las solicitudes de información pública y la protección de datos personales, el Órgano Desconcentrado de Transparencia para el Pueblo ha resuelto 8 mil 222 recursos de revisión. El índice de de solicitudes desechadas disminuyó al 14.6 por ciento, marcando el nivel más bajo registrado desde 2014.
Al respecto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el impacto directo de la labor preventiva en el ejercicio del gasto público: “Si ellos revisan, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alguna licitación que no viene bien desde el principio, que tiene problemas, pues de inmediato la paran”. La mandataria subrayó que estos procedimientos garantizan que el presupuesto federal se dirija a cubrir las necesidades prioritarias de la población.
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