Colectivas piden frenar la reducción de impuestos al alcohol
Por: Liliana Noble Alemán
sobre la autora| Reportera con 20 años de experiencia en salud, medioambiente, tecnología e información general. Mención Honorífica Premio Nacional de Periodismo en Salud. |
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CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE OCTUBRE, 2026. Diversas representaciones de la sociedad civil, agrupaciones del sector restaurantero y especialistas en trabajo social se pronunciaron formalmente ante el Congreso de la Unión para exigir la permanencia de una política fiscal sólida, progresiva y con estricto sentido de responsabilidad social. La postura colectiva señala la urgencia de desechar iniciativas que busquen flexibilizar el esquema tributario de las bebidas alcohólicas, argumentando que las medidas impositivas representan el instrumento más eficiente para salvaguardar el bienestar general y el derecho fundamental a la salud.
Frente a las discusiones parlamentarias vigentes, los colectivos expresaron su profunda preocupación ante cualquier intento parlamentario que derive en una reducción de impuestos al alcohol. La propuesta legislativa presentada el pasado 29 de septiembre por el diputado Francisco Javier Guízar Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), junto con 42 legisladoras y legisladores, plantea sustituir los porcentajes tributarios actuales de 26.5%, 30% y 53% por una cuota fija de $1.38 por grado de alcohol por litro, lo que equivale a $138 por litro de alcohol puro.
Las estimaciones técnicas revelan que una eventual reducción de impuestos al alcohol generaría efectos contraproducentes en la economía del consumidor y en las finanzas públicas. Según análisis elaborados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en agosto de 2026, la implementación del esquema impulsado por la bancada legislativa provocaría una caída del 24.9% en el precio de los destilados, detonando un incremento en su consumo del 36.8%. En el caso de la cerveza, el precio al público disminuiría un 5.1%, impulsando una elevación del consumo del 6.2%. Asimismo, la hacienda pública sufriría un boquete recaudatorio superior a los 26 mil millones de pesos, perjudicando de manera directa a los estados y municipios que perciben el 20% de dichos recursos mediante las participaciones federales.
¿Por qué la reducción de impuestos al alcohol atenta contra la salud pública?
Al respecto, Yahaira Ochoa, integrante de la Red de Mujeres de la Salubridad y la Academia (REMUSA), enfatizó la responsabilidad inherente al trabajo legislativo: “Los impuestos al alcohol son la medida más costo-efectiva de salud pública para disminuir su consumo y prevenir violencia contra las mujeres”. La especialista recalcó que cualquier ajuste a la baja contraviene los mandatos constitucionales destinados a velar por el bienestar social, advirtiendo que flexibilizar el cobro fiscal normaliza productos con un severo impacto en el tejido social.
¿Cuál es el impacto en el sector restaurantero y los espacios de consumo?
Desde la perspectiva gremial y de consumo responsable, Fernanda Lezama, representante de la organización Restaurantera Feminista, expuso las deficiencias estructurales dentro de los establecimientos de entretenimiento y alimentos. Lezama subrayó que las dinámicas comerciales actuales mercantilizan el ocio bajo esquemas de sobreprecio e inseguridad laboral. Sobre la exigencia de generar entornos protegidos y éticos, indicó: “Este sistema mercantiliza el ocio a costa de la integridad femenina, operando bajo un esquema de sobreprecio y desprotección”, haciendo un llamado urgente a articular políticas públicas que garanticen la seguridad tanto de las usuarias como del personal trabajador.
¿Cómo afecta el costo accesible de las bebidas alcohólicas a la sociedad?
La dimensión humana del problema fue abordada por Paola V., trabajadora social y alcohólica en recuperación, quien ofreció un testimonio contundente sobre los estragos del consumo sin restricciones económicas. Paola V. argumentó que la facilidad de acceso y los precios bajos actúan como catalizadores de severas problemáticas familiares y personales. En su intervención, concluyó que “reducir el consumo mediante impuestos inteligentes es una medida concreta y urgente para salvar vidas y proteger a las familias”, precisando que incrementar la carga fiscal no constituye un castigo al consumidor, sino una política indispensable de protección preventiva.
¿Cuál es el costo económico y social del consumo de alcohol en México?
Las estadísticas oficiales reflejan un panorama crítico para el sistema nacional de salud. En el país fallecen 112 personas cada 24 horas debido a causas vinculadas directamente al consumo de bebidas alcohólicas. Además, los costos directos e indirectos derivados de esta atención médica y social se calculan en 552 mil millones de pesos anuales, cifra contrastante frente a la aportación tributaria de la industria cervecera y licorera, la cual no alcanza a cubrir ni el 10% de los daños ocasionados.
¿Qué alternativa fiscal proponen las organizaciones especialistas?
Las colectivas y organizaciones de salud coincidieron en que el cambio metodológico planteado en la iniciativa es conceptualmente adecuado —al proponer un cobro basado en la graduación alcohólica y no en el precio de venta—, pero recalcaron que la cuota de $1.38 por grado resulta sustancialmente baja y perjudicial.
Como contrapropuesta técnica, los organismos solicitan fijar una cuota de $494.8 por litro de alcohol puro. Esta cifra permitiría desincentivar efectivamente el consumo en la población y generar una recaudación adicional estimada en 24,208.5 millones de pesos. Bajo este esquema sugerido por los especialistas, una lata de cerveza modificaría su precio de $19 a $24 pesos, mientras que una botella de vino de mesa pasaría de $185 a $204 pesos, logrando un equilibrio entre recaudación fiscal, salud pública y contención de riesgos sociales.
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