El Estado Mexicano, a través del Ejecutivo Federal, emitió un histórico decreto reconociendo la Masacre de Tlatelolco de 1968 como un crimen de lesa humanidad. El acuerdo incluyó una disculpa pública ofrecida por la titular de la Secretaría de Gobernación a víctimas y familiares. El documento establece el compromiso solemne de garantizar la no repetición de actos de represión y violencia gubernamental contra el pueblo de México.