Talleres Gráficos de México consolida nueva imprenta nacional pública con planta propia y precios homologados
Por: Liliana Noble Alemán
sobre la autora| Reportera con 20 años de experiencia en salud, medioambiente, tecnología e información general. Mención Honorífica Premio Nacional de Periodismo en Salud. |
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CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2026. La Secretaría de Gobernación formalizó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transforma la operación de los servicios de impresión del Estado mexicano. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló la hoja de ruta para robustecer las capacidades técnicas, operativas y financieras de este organismo público descentralizado, con el propósito de centralizar la producción de documentos oficiales y materiales electorales en todo el país.
Con esta publicación oficial, Talleres Gráficos de México consolida nueva imprenta nacional pública que busca reducir la dependencia de contrataciones externas en las entidades federativas y garantizar el control de calidad en insumos estratégicos. De acuerdo con las cifras presentadas por la dependencia, mientras el organismo produjo 317 millones de boletas en 2024 y 602 millones en 2025 —además del líquido indeleble formulado por el Instituto Politécnico Nacional desde 1994—, el 59 por ciento de los Organismos Públicos Locales Electorales recurrieron a licitaciones o adjudicaciones directas con empresas privadas durante los comicios de 2024.
Para revertir esta dispersión presupuestal y operativa, Talleres Gráficos de México consolida nueva imprenta nacional pública a través de un esquema dividido en dos etapas que abarcan de noviembre de 2026 hasta el año 2030. Al presentar los alcances de la iniciativa, Rosa Icela Rodríguez Velázquez subrayó que la medida busca establecer un convenio modelo para las entidades y crear un almacén destinado a "recuperar, reparar, reutilizar las urnas, los canceles entre elecciones, que no solamente es ahorro, también tiene que ver con el medio ambiente".
¿Cómo queda integrada la nueva Junta de Gobierno y dirección de Talleres Gráficos de México?
La primera fase del decreto, programada de noviembre de 2026 a junio de 2027, modifica la gobernanza interna del organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación. El órgano colegiado pasa de cinco a siete integrantes con derecho a voz y voto: la propia Secretaría de Gobernación en la presidencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, además de tres consejerías independientes provenientes del ámbito académico.
Las tres posiciones académicas en la Junta de Gobierno serán ocupadas por Ángel Eustorgio Rivera González, doctor en Filosofía en Administración, profesor investigador en la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional y especialista en sistemas de calidad; Raúl Juan Contreras Bustamante, doble doctor en Derecho, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e Investigador Nacional Nivel III; y Josefina Cortés Campos, doctora en Derecho, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.
En la dirección operativa, el decreto formaliza la designación de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular de Talleres Gráficos de México. La funcionaria es doctora en Políticas Públicas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, y desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos dentro de la misma institución. Para asegurar la imparcialidad en las adquisiciones, la normativa prohíbe expresamente que la persona titular de la Dirección General haya fungido como representante, socia o empleada de proveedores de material electoral durante los cinco años previos a su nombramiento.
¿Qué mecanismos de transparencia y control de precios establece el decreto?
El plan de fortalecimiento incorpora reglas estrictas de fiscalización y apertura de información para cada orden de producción. Entre las disposiciones obligatorias destaca la creación de un padrón público de contratistas y proveedores que evaluará de manera previa la capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera de las empresas interesadas, excluyendo automáticamente a compañías sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
De igual forma, el organismo implementará un registro en datos abiertos sobre todos los contratos, convenios y procesos de ejecución, acompañado de una solicitud de auditoría anual voluntaria ante la Auditoría Superior de la Federación. Sobre la vinculación con el sector educativo y científico para validar estos procesos, la secretaria de Gobernación destacó la importancia de concretar "alianzas con centros de investigación e instituciones de Educación Superior que servirá como las acciones para el desarrollo, certificación y control de calidad de materiales e insumos".
Otro eje central de esta primera etapa es la autorización de precios homologados por parte de la Junta de Gobierno tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los 32 organismos locales. Este esquema se complementará con un catálogo único nacional que unificará especificaciones técnicas y rangos de costos para actas, formatos, títulos, gacetas y papelería oficial de la Administración Pública Federal.
¿Cuáles son las fechas clave de implementación entre 2026 y 2027?
El calendario administrativo establece una ruta inmediata para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones operativas y presupuestales:
Noviembre de 2026: Formalización del decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación, gestión de la aportación de capital dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y firma de convenios con los organismos locales pendientes de adjudicación.
Diciembre de 2026 a enero de 2027: Emisión del nuevo Estatuto Orgánico del organismo, publicación del padrón de proveedores validados y arranque del programa de inversión inicial.
Transcurso de 2027: Operación integral de la producción bajo el esquema de datos abiertos, presentación del primer informe público de ahorros y resultados de auditoría, e inicio de las reformas legislativas.
¿Qué contempla la segunda fase hacia 2030 y la futura Ley de la Imprenta Nacional?
La segunda etapa del proyecto se desarrollará de julio de 2027 a 2030 con el objetivo de transformar el marco legal y la capacidad industrial del Estado. En el ámbito normativo, se formulará la iniciativa para crear la Ley de la Imprenta Nacional de México, otorgándole mandato exclusivo para la elaboración de documentación y materiales electorales, así como de documentos de seguridad nacional.
Paralelamente, se impulsará una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que la documentación y los insumos de votación sean producidos por entes públicos bajo las especificaciones técnicas y el control de calidad del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, Rosa Icela Rodríguez Velázquez puntualizó que la meta institucional radica en consolidar "la obtención de ahorros, la optimización de recursos y la planta propia".
Finalmente la titular de la secretaria de gobernación añadió que en materia de infraestructura, el plan contempla la modernización tecnológica del equipamiento para documentos de seguridad, la puesta en marcha del almacén nacional de rehabilitación y reutilización de materiales entre procesos electorales, y la construcción y entrada en operación de una planta propia entre 2028 y 2030, consolidando la autosuficiencia operativa en la impresión oficial del país.




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