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Recursos asegurados por la UIF se convertirán en escuelas para la montaña de Guerrero: CSP

28 ago
3 min de lectura

Por: Liliana Noble Alemán

 


La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, durante el anuncio de la asignación de recursos inmovilizados para la educación en Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, durante el anuncio de la asignación de recursos inmovilizados para la educación en Guerrero.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE AGOSTO, 2026. Esta mañana, en la conferencia de prensa «Las Mañaneras del Pueblo», la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los recursos que se han inmovilizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como resultado de las operaciones financieras inusuales del caso García Luna y la familia Winberg, serán destinados a la construcción de escuelas en la montaña de Guerrero, priorizando la educación de las y los niños en nuestro país.


Asimismo, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, detalló que, a partir de los análisis hechos por la dependencia que representa, se han identificado personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero y, cuando existen los elementos, se incorporan a la lista de personas bloqueadas para inmovilizar sus recursos.


Basado en las cifras globales de la administración actual, informó que el Gobierno ha incorporado a 2,395 sujetos a la lista de personas bloqueadas y se han inmovilizado 24,622 cuentas, por un monto global de 8,670 millones de pesos. Además, señaló que estas acciones debilitan la estructura económica de las organizaciones criminales y fortalecen la coordinación institucional. Recordó que el impacto en organizaciones criminales ha dejado un total de 7,861 cuentas (el 31.9%, es decir, casi una de cada tres) que corresponden a integrantes de los grupos con mayor presencia en el país.


"Prácticamente una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos."

En cuanto a la distribución geográfica, precisó que las acciones tienen presencia en todo el territorio, pero las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son: CDMX (2,300), Jalisco (1,185), Nuevo León (955), Sinaloa (723) y Baja California (356).


En materia de combate a la extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión (implementada desde el 6 de julio de 2025), la UIF ha inmovilizado 1,443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito, lo que representa el 5.9% del total (aproximadamente una de cada 20 cuentas).


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que, mediante la coordinación institucional e internacional, destaca la participación de la UIF en el Gabinete de Seguridad como pieza clave en coordinación permanente con la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SSPC, FGR, AIC y el CNI, además de trabajar con las entidades federativas.


A nivel internacional, destacó el reforzamiento del intercambio de inteligencia a través del Grupo Egmont y la relación con otros organismos. También mencionó la mayor interacción con la Asociación de Bancos de México (ABM) para la detección temprana del lavado de dinero. En materia de actualización normativa, señaló que hasta el momento se ha logrado un avance muy significativo en lo referente a la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su reglamento y reglas de carácter general, para transformar la información financiera en inteligencia operativa.


Caso insignia: Genaro García Luna y la familia Wimberg


El titular de la UIF presentó este caso como ejemplo de los alcances de la inteligencia financiera:

  • Se identificó un esquema de desvío de recursos públicos por más de 403 millones de dólares, mediante contratos simulados del entonces OADPAS con empresas fachada vinculadas a García Luna y la familia Wimberg.

  • La UIF presentó una denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y una demanda civil en Florida en septiembre de 2021.

  • En 2026, se obtuvo sentencia definitiva en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares a favor del Estado mexicano.

  • Como resultado de la liquidación de una póliza de fianza y 12 propiedades en Florida, el 25 de agosto de 2026 el Estado mexicano recibió $5,805,693.50 dólares.

Finalmente, precisó que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.

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