Conoce la nueva iniciativa de sanción al feminicidio

Por: Liliana Noble Alemán

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Autoridades federales firman la propuesta de reforma legal para unificar la investigación y penalización de la violencia de género en todas las entidades del país.

CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE JULIO, 2026. El Gobierno de México ha dado un paso firme en la agenda de protección a los derechos de las mujeres al formalizar el envío de una propuesta que busca unificar los criterios normativos y de procuración de justicia en toda la República. El objetivo principal es eliminar las discrepancias procesales entre los estados y garantizar que no existan resquicios legales que permitan la impunidad en los casos de violencia extrema de género.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de este proyecto normativo que busca marcar un precedente en el acceso a la justicia. La iniciativa de sanción al feminicidio pretende reformar el marco legal para que este delito sea perseguido de manera homogénea en todo el territorio nacional, evitando que las diferencias locales obstaculicen la aplicación de la ley.

Con el envío de este documento al Congreso de la Unión en septiembre, la iniciativa de sanción al feminicidio establece una ruta clara para que las fiscalías de todas las entidades apliquen criterios idénticos. La propuesta surge como respuesta a la necesidad urgente de actualizar los códigos penales y homologar la descripción del delito bajo diez razones de género específicas, entre las que se incluyen la violencia sexual previa, los antecedentes de abuso y los contextos de asimetría de poder.

Durante el anuncio, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, detalló los aspectos técnicos del proyecto normativo, puntualizando que se propone una pena unificada de 50 a 70 años de prisión a nivel nacional. La funcionaria puntualizó que la ley determina que "comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género", estableciendo además 19 agravantes que incrementan la sanción cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables como niñas, adultas mayores, mujeres embarazadas o periodistas.

Por su parte, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, destacó que la homologación de protocolos es fundamental para evitar la pérdida de indicios y los subregistros de casos. Asimismo, la fiscal enfatizó que "existe una obligación de investigar con debida diligencia" de forma reforzada, lo que exige la creación de fiscalías locales especializadas y la intervención continua de los ministerios públicos desde el inicio del proceso hasta la ejecución de las penas.

La dimensión de atención y reparación integral del daño fue expuesta por Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia y encargada de la Secretaría de las Mujeres. La funcionaria señaló que la ley contempla el acceso gratuito a asistencia jurídica especializada, atención médica y psicológica de urgencia, así como la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio para asegurar la protección del Estado a las víctimas indirectas del delito.

Finalmente, al consolidar la firma de la propuesta, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reflexionó sobre la urgencia de erradicar estas conductas desde la raíz, señalando que este fenómeno representa "el peor delito de violencia contra las mujeres". Con esta reforma constitucional y legal, el Estado mexicano busca consolidar un frente institucional único que garantice la cero impunidad y una respuesta de justicia pronta, digna y con profunda perspectiva de género.