A 58 años de Tlatelolco: la decisión judicial que podría cambiar la historia de las víctimas
Por: Liliana Noble Alemán
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CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE OCTUBRE, 2026. En la Plaza de las Tres Culturas se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa a 58 años de los acontecimientos trágicos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Durante la jornada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acompañada por integrantes de su gabinete y activistas del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, pronunció un mensaje centrado en la trascendencia de la memoria colectiva, la garantía de no repetición y el respaldo institucional a los procesos de justicia.
En el acto público se analizó el impacto social de la masacre de Tlatelolco en la construcción de la vida democrática del México contemporáneo. Clara Brugada Molina destacó que el reconocimiento de estos sucesos como crimen de lesa humanidad —asumido formalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— representa un paso indispensable para superar décadas de impunidad y dar cauce a las demandas formuladas por los sobrevivientes.
Asimismo, la jefa de Gobierno sostuvo que la persecución de la verdad sobre la masacre de Tlatelolco constituye una responsabilidad ética para las instituciones vigentes. En su intervención, Brugada Molina citó referencias literarias sobre el encubrimiento mediático de la época para remarcar la función transformadora del recuerdo: “La memoria del 68 es subversiva, porque salva del silencio las voces que el autoritarismo ha querido callar”. La titular del Ejecutivo local enfatizó que las actuales libertades cívicas son herederas directas de las movilizaciones estudiantiles de finales de los años sesenta.
¿Qué avances existen en el esclarecimiento legal de los crímenes de 1968?
La activación de la nueva Fiscalía especializada
Uno de los puntos centrales abordados durante la conmemoración fue el marco legal de las investigaciones relativas a las violaciones graves de derechos humanos. En abril de 2026, la Presidencia de la República emitió un decreto para la conformación de una Fiscalía especial dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo objetivo primordial consiste en procesar crímenes políticos y sociales del pasado.
Al respecto, la militante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Marisol Vázquez Jiménez, aseveró que los acontecimientos acontecidos en la Plaza de las Tres Culturas constituyen jurídicamente un genocidio y, por ende, su tipificación como crimen de lesa humanidad implica imprescriptibilidad. Durante su participación, la activista puntualizó: “Existen elementos suficientes de verdad para la acción de la justicia; la lucha por la justicia, la verdad y la memoria es vigente y es pertinente”. Vázquez Jiménez subrayó además el papel protagónico ejercido por las mujeres en las brigadas, la docencia y la representación estudiantil de aquel periodo.
Jurisprudencia de la Suprema Corte y proceso penal
Por su parte, el coordinador del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y exlíder estudiantil de 1968, Félix Hernández Gamundi, expuso aspectos técnicos sobre los antecedentes de litigio que involucraron a exfuncionarios del Estado, entre ellos el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Hernández Gamundi recordó que los procesos judiciales abiertos en décadas anteriores mediante fiscalías especiales derivaron en determinaciones cautelares pero no en el agotamiento definitivo de las causas penales.
En relación con el panorama jurídico actual, el represente del movimiento estudiantil hizo referencia a resoluciones recientes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de amparo para víctimas de violaciones sistemáticas. El exdirigente precisó que los criterios del máximo tribunal señalan la obligación procesal de esclarecer la responsabilidad de crímenes de Estado de manera integral. Respecto a las exigencias planteadas por las víctimas y sus familiares ante las nuevas instancias persecutoras, Hernández Gamundi sentenció: “No hay ni soberanía, ni libertad, ni democracia, si no hay justicia”.
¿Cuál es el legado del Movimiento Estudiantil de 1968 en la sociedad actual?
Continuidad de las luchas sociales e instituciones democráticas
El análisis histórico e institucional de la jornada fue profundizado por el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), doctor Felipe Ávila Espinosa, quien detalló la conexión entre la protesta de 1968 y los antecedentes sindicales, magisteriales y gremiales iniciados durante la década de 1950.
Ávila Espinosa expuso que las manifestaciones juveniles articularon un movimiento de alcance nacional que sumó la participación de comunidades universitarias del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escuelas normales y universidades de diversas entidades federativas. Durante su intervención, el historiador destacó que el fenómeno social no estuvo aislado de las familias y los vecindarios aledaños a los centros de estudio. Sobre el impacto de la fecha conmemorada, el titular del INEHRM concluyó: “El 68 le ganó la batalla histórica y la batalla narrativa al Estado represivo y autoritario”.
El acto conmemorativo concluyó con el refrendo del compromiso mutuo entre las organizaciones sociales de memoria histórica y la administración de la Ciudad de México para acompañar los trabajos técnicos que desempeñará la representación social de la Federación en la delimitación de responsabilidades sobre los hechos ocurridos en Tlatelolco.
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