Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lanza una estrategia implacable contra el despojo de inmuebles, endureciendo las penas en el Código Penal hasta un máximo de 22 años de prisión y estableciendo una Unidad Operativa Especializada contra este delito. La iniciativa busca proteger de forma contundente el patrimonio familiar, combatir la corrupción y acelerar la recuperación de propiedades, poniendo fin a la impunidad de las redes criminales.
