¿Qué pasará con Rocha Moya? El Gobierno Federal revela detalles sobre la solicitud de EE. UU.
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Por: Liliana Noble Alemán
@pulsosaludable
CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE MAYO 2026. En un anuncio que ha sacudido la estructura política nacional, el Gobierno de México ha fijado una postura clara respecto a los procedimientos judiciales internacionales recientes. Durante la conferencia "Las Mañaneras del Pueblo", la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto a la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, desmenuzaron la situación legal que enfrentan diversos servidores públicos tras una petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Respecto a la Solicitud de Extradición de Funcionarios de Sinaloa, se explicó que el requerimiento involucra a diez figuras, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez, al gobernador Rubén Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Estos dos últimos han optado por separarse de sus funciones para permitir que las investigaciones fluyan sin contratiempos. La consejera Alcalde Luján fue enfática al señalar que “la decisión final correspondería a un juez de control”, aclarando que la resolución no depende de facultades administrativas de la FGR o la SRE.
Sobre la Solicitud de Extradición de Funcionarios de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el documento de detención provisional enviado desde el extranjero carece de la fundamentación necesaria para acreditar la urgencia del caso. Al no presentarse elementos probatorios suficientes que justifiquen un riesgo de sustracción, las autoridades mexicanas solicitarán a Estados Unidos que aporte mayores evidencias. En este sentido, la Presidenta recordó que la transparencia es vital, pues “nuestro movimiento llegó al poder con una consigna: acabar con la corrupción”, vinculando la ética gubernamental con la viabilidad de los apoyos sociales.
El análisis de la Solicitud de Extradición de Funcionarios de Sinaloa también puso de relieve la vulneración de la confidencialidad del proceso debido a filtraciones en medios de comunicación, lo cual pone en riesgo la presunción de inocencia de los implicados. La FGR ha mantenido una postura neutral, sin prejuzgar delitos, pero insistiendo en que el debido proceso debe respetarse escrupulosamente. Al finalizar la sesión, se subrayó que “la solicitud no está debidamente fundamentada”, por lo que se mantendrá un escrutinio riguroso sobre los pasos legales a seguir entre ambas naciones.
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